Doble rasero de funcionarios públicos en aplicación de la ley

Moises Leonardo Rodríguez Valdés
 
 21 de septiembre de 2007
 
 La Habana – A pesar de los continuos desalojos que tienen lugar en el país conforme a la ley vigente, han transcurrido más de siete años desde que fueran ocupadas ilegalmente naves antes destinadas a la cría de animales y aproximadamente 1/3 de las tierras de la finca San Isidro, ubicada en el Km. 5 ½ de la carretera que une a Santiago de las Vegas con Managua, sin que se efectúe el procedente desalojo conforme a la resolución 293 del 2007 del Ministerio de la Agricultura en la que se reconoce el pleno derecho de los propietarios y por tanto el carácter ilegal de la ocupación.
 
 Según la fuente de esta información, Rodolfo Ramírez Cardoso, promotor de la Corriente Martiana e hijo de la copropietaria de la finca, Margarita Cardoso Flores, esta situación ha sido presentada a las instituciones correspondientes del municipio Boyeros, al que pertenece la finca, así como a las instancias provinciales y nacionales de la Fiscalía, el Comité Central del PCC, el Consejo de Estado, la dirección de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y al Ministerio de la Agricultura.
 
 La politización de este caso se ha llevado a cabo con la mentira de que el cuñado de Ramírez Cardoso, quien estuvo al frente de la finca hasta su fallecimiento en octubre del 2006, era un opositor al régimen, explica Ramírez.
 
 “Esto último se basó en que elementos desconocidos colocaron folletos de Cubanet en las tierras y cercas de la finca con el fin de involucrar a mi cuñado y el disgusto que provocaron con esta acción contribuyó a su muerte por infarto unos días después”, asevero Rodolfo.
 
 El jurídico de la dirección provincial de la agricultura, nombrado Justo, ha sido uno de los más negligentes en este caso al extraviar reiteradamente documentos del proceso entregados por los demandantes, entre otras irregularidades.
 
 Concluye Ramírez Cardoso refiriendo que sus familiares afectados, todos integrados al proceso revolucionario, confían en que la ley recién dictada por el presidente interino sobre los malos desempeños y la corrupción entre funcionarios públicos conllevara a la aplicación de lo debido en justicia en este caso inexplicablemente prolongado y con ello se evitara un muy probable desenlace fatal, dado que ya han sido victimas los demandantes de amenazas y hasta agresiones físicas y verbales por parte de los ilegales.

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